La nueva política migratoria anunciada por el gobierno del presidente Donald Trump ha generado incertidumbre entre miles de inmigrantes y abogados en Estados Unidos. El cambio establece que las personas que busquen obtener la residencia permanente, conocida como “green card”, deberán realizar el trámite desde sus países de origen y no dentro del territorio estadounidense, salvo algunas excepciones aún no definidas por las autoridades.
La medida fue dada a conocer por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS, y tomó por sorpresa a especialistas en inmigración. La abogada Flavia Santos Lloyd explicó que, tras el anuncio, recibió numerosas llamadas de clientes preocupados por el impacto que podría tener la nueva disposición en sus procesos migratorios. Según dijo, la falta de claridad sobre cómo se aplicará la política ha provocado que muchos casos queden temporalmente en pausa.
Durante décadas, las personas con estatus legal en Estados Unidos habían podido solicitar el ajuste de estatus sin necesidad de abandonar el país. Entre ellos se encuentran cónyuges de ciudadanos estadounidenses, estudiantes, trabajadores temporales, refugiados y solicitantes de asilo. Sin embargo, con este nuevo criterio, el gobierno busca que quienes ingresaron con visas temporales regresen a sus naciones de origen para completar el trámite migratorio.
Abogados especializados consideran que la medida forma parte de una estrategia más amplia para endurecer las políticas migratorias legales. El abogado Charles Kuck calificó el cambio como una “táctica de intimidación” destinada a desalentar a las personas de continuar con sus procesos de residencia. Además, anticipó que podrían presentarse demandas legales para impugnar la decisión del gobierno federal.
La confusión también ha aumentado debido a que USCIS publicó posteriormente un documento interno con lineamientos más detallados para su personal. Algunos expertos interpretan que la política no elimina completamente el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, sino que permitiría excepciones en casos relacionados con “interés nacional” o beneficios económicos para el país. No obstante, hasta ahora no se han aclarado cuáles categorías serían elegibles.
Mientras tanto, miles de inmigrantes y empleadores continúan buscando respuestas ante un escenario incierto. Firmas de abogados y organizaciones migratorias señalan que la aplicación de esta política podría ralentizar significativamente los trámites de residencia permanente y aumentar la preocupación entre quienes ya viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.
