EE. UU.: vence una restricción federal sobre silenciadores y armas de cañón corto
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó expirar este jueves las restricciones federales que durante décadas regularon la posesión de silenciadores y armas de fuego con cañones cortos, después de que una orden judicial determinara que el proceso obligatorio de registro y permisos previsto por la Ley Nacional de Armas de Fuego era inconstitucional. El gobierno de Donald Trump no presentó una apelación antes de que la orden entrara en vigor, aunque todavía dispone de tiempo para hacerlo.
El fallo fue emitido por el juez federal James Wesley Hendrix, del Distrito Norte de Texas, quien cuestionó la aplicación de las disposiciones de la ley después de que el Congreso eliminara el impuesto federal de 200 dólares que formaba parte del proceso. La Ley Nacional de Armas de Fuego, aprobada en 1934, había establecido requisitos de registro, huellas dactilares y aprobación federal para este tipo de armas y accesorios.
La decisión provocó reacciones encontradas. Organizaciones defensoras del derecho a portar armas y empresas del sector celebraron lo que consideran un importante triunfo, mientras grupos que respaldan mayores controles denunciaron que la decisión elimina protecciones federales sobre armas y accesorios considerados particularmente peligrosos y fáciles de ocultar. Algunos comercios incluso comenzaron a anunciar ventas de silenciadores sin el proceso federal de registro que se aplicaba anteriormente.
Pero hay una advertencia importante: el panorama legal todavía no está completamente definido. El propio Departamento de Justicia señaló que no suspender el caso es diferente a renunciar definitivamente a una apelación, y el gobierno todavía cuenta con un plazo adicional para impugnar el fallo. Además, las leyes estatales continúan vigentes; estados como California y Nueva York mantienen restricciones sobre rifles de cañón corto y silenciadores.
La Ley Nacional de Armas de Fuego fue creada en 1934, durante una época marcada por la violencia de las pandillas y la preocupación del Congreso por armas consideradas especialmente peligrosas. El fallo actual no elimina todas las disposiciones de aquella legislación: las restricciones federales relacionadas con ametralladoras permanecen vigentes. Por ahora, la disputa se concentra en el alcance de la decisión judicial y en qué ocurrirá si el Departamento de Justicia decide apelar.
