Lo que comenzó como una medida para proteger a los pacientes terminó abriendo la puerta a cobros exorbitantes. La llamada Ley Sin Sorpresas, aprobada en 2020 en Estados Unidos, buscaba eliminar las facturas médicas inesperadas, pero ahora enfrenta críticas por efectos no previstos.
El caso del cirujano plástico Norman Rowe ilustra el problema: aunque una reducción de senos suele costar entre 15 mil y 25 mil dólares, en algunos casos su consultorio ha llegado a facturar hasta 440 mil dólares utilizando el sistema de arbitraje.
La ley impide que médicos fuera de la red cobren directamente al paciente. En su lugar, pueden acudir a un árbitro federal que decide cuánto debe pagar la aseguradora. El detalle clave: el árbitro elige entre las cifras propuestas por ambas partes, sin opción de apelación.
Aunque el sistema ha protegido a millones de pacientes, también ha sido saturado. Se estimaban unos 17 mil casos anuales, pero solo en la primera mitad del año pasado se registraron 1.2 millones. Aproximadamente el 88% de los fallos favorecieron a los médicos.
Este fenómeno ya impacta el bolsillo de los usuarios. Algunas aseguradoras han aumentado primas para cubrir estos pagos, mientras que han surgido empresas especializadas en gestionar reclamaciones de arbitraje.
Críticos como Frank Pallone Jr. advierten que el sistema necesita ajustes urgentes para evitar abusos. Por su parte, líderes del sector salud aseguran que la falta de controles está impulsando un aumento generalizado en los costos médicos.
Los casos extremos no se limitan a cirugías estéticas. Procedimientos rutinarios también han sido objeto de cobros inflados: desde estudios neurológicos que pasaron de miles a cientos de miles de dólares, hasta tratamientos ginecológicos con tarifas multiplicadas por cientos.
Mientras tanto, los árbitros también se benefician del volumen de casos, acumulando cientos de millones en honorarios en los últimos años.
El debate sigue abierto: ¿protección al paciente o puerta abierta a nuevos abusos?
