Megacentro de detención de ICE en El Paso genera debate y enfrenta límites legales locales
Mientras gobiernos locales del área de El Paso debaten si pueden restringir la operación de centros de detención de inmigrantes dentro de su jurisdicción, un megaproyecto federal en el extremo este del condado ya evidencia los límites del control municipal.
El centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planeado en la ciudad de Socorro forma parte de un nuevo modelo impulsado a nivel federal, con una inversión estimada en 38,800 millones de dólares, que busca ampliar la capacidad nacional de detención a casi 93 mil camas.
El plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contempla la reconversión de almacenes en 16 centros regionales con capacidad para hasta 1,500 detenidos cada uno, además de ocho “megacentros” con capacidad de hasta 10 mil personas. En este esquema, el complejo proyectado en el área de El Paso sería uno de los más grandes, con capacidad estimada de hasta 8,500 detenidos.
Autoridades municipales de El Paso, el condado y la ciudad de Socorro han aprobado resoluciones en contra del proyecto; sin embargo, hasta ahora han tenido avances limitados para frenarlo por vías legales o regulatorias.
El Ayuntamiento de El Paso votó recientemente por unanimidad para instruir al abogado y al administrador municipal a continuar evaluando la normativa de uso de suelo, con la intención de explorar posibles mecanismos para frenar o retrasar las operaciones del centro.
Por su parte, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso presentó una demanda contra ICE el pasado 6 de abril, alegando falta de respuesta a solicitudes de información relacionadas con el proyecto, incluyendo evaluaciones ambientales requeridas.
El DHS no ha emitido comentarios sobre el caso, aunque el cambio reciente en su liderazgo ha abierto la posibilidad de una revisión de los planes. El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha señalado que se está revisando la estrategia de reconversión de instalaciones y la viabilidad de contratos y adquisiciones en curso.
Durante su proceso de confirmación, Mullin advirtió que muchos municipios no cuentan con infraestructura suficiente de agua y manejo de residuos para este tipo de instalaciones, y subrayó la necesidad de coordinación con las comunidades locales.
¿Pueden los gobiernos locales bloquear estos centros?
En términos generales, las ciudades no pueden impedir la operación de centros de detención federales dentro de su jurisdicción.
La Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos establece que agencias federales como ICE y el DHS no están sujetas a regulaciones locales de zonificación cuando operan en propiedades federales.
En el caso de El Paso, el DHS adquirió tres almacenes por 123 millones de dólares, lo que convierte al gobierno federal en propietario directo del terreno.
Sin embargo, en situaciones donde existen contratos con privados o arrendamientos, algunos aspectos sí pueden estar sujetos a inspecciones o códigos locales, salvo excepciones federales aplicables.
